Aborto: el derecho a decidir

Aborto: el derecho a decidir Book Cover Aborto: el derecho a decidir
Varios
octubre 2006

Editorial

El derecho a decidir engloba muchos, si no es que todos, los derechos por los que las mujeres han venido luchando desde hace más de cien años. Este número de DEBATE FEMINISTA dedica su parte medular al derecho a decidir sobre la continuación o no de un embarazo. Antes de entrar en tan compleja —como veremos— materia, ofrecemos un intrincado ensayo de Denise Riley sobre el intenso deseo de pertenencia a una familia “como las demás” o por lo menos a alguna familia (como la monoparental) que parece habitar en el fondo de todos nosotros. Frente a este afán, Riley defiende el derecho a estar sola, a ser “una”, sin que esta condición sea considerada una patología social.

Una de las aristas de la problemática del aborto es justamente la social: en América Latina y el Caribe la interrupción voluntaria del embarazo únicamente está permitida en Cuba, Puerto Rico y Guyana. En casi todos los demás países, el aborto sólo se practica para salvar la vida de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. En Chile, El Salvador y República Dominicana está absolutamente prohibido. Son pocas las naciones que consideran otros atenuantes, tales como indicaciones terapéuticas, malformaciones del producto o razones socioeconómicas. Según datos de 2006 publicados por la Federación International Planned Parenthood, anualmente en la región se practican 3 millones 800 mil abortos en condiciones de riesgo.

Más de 5 000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde a 21% de las muertes maternas en el nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud indica que el aborto es la primera causa de mortalidad materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú; y es la segunda o tercera causa de muerte en los demás países. La tragedia, sin embargo, no acaba ahí. De todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo, aproximadamente entre 10 y 50% necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones. Muertes, complicaciones infecciosas y cárcel son algunos de los riesgos que corren las latinoamericanas al recurrir al aborto clandestino.

En América Latina y El Caribe el aborto es principalmente un problema de justicia social, porque las mujeres con recursos abortan sin peligro en los consultorios de sus ginecólogos, mientras que las demás arriesgan la vida y la salud. No obstante la gravedad de la situación, la despenalización de esta práctica continúa atorada, soterrada o negada. Pese a que esa medida cuenta con el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, la alianza del fundamentalismo eclesiástico con el conservadurismo norteamericano ha obstaculizado un tratamiento racional del problema. El Vaticano y los Estados Unidos, aliados en una “campaña a favor de la vida”, han logrado hacer retroceder legislaciones y detener varios procesos liberalizadores.

Aunque las latinoamericanas persisten en plantear la despenalización del aborto como uno de los principales asuntos de la agenda democrática, no han tenido mucho éxito. Por eso es fundamental ampliar la información sobre el debate al respecto, para así afinar las intervenciones políticas y jurídicas. En este número, el eje central sobre el aborto se compone de dos tipos de ensayos: los primeros (Rodolfo Vázquez, Luigi Ferrajoli, Miguel Carbonell, Arleen Salles, Frances Kissling) establecen el marco argumentativo y teórico, mientras que los segundos (Mariana Carbajal, Ana Cristina González Vélez, Sofía Montenegro, Norma Ubaldi, Mariana Winocur, Alicia Márquez Murrieta) analizan casos concretos: Uruguay, Argentina, Colombia, Nicaragua y México.

No obstante el intenso trabajo de argumentación jurídica encaminado a poner al día los avances en la teorización del derecho a la diferencia, en el mundo político existe una resistencia a aceptar el significado de la despenalización del aborto en el contexto de desarrollo de cada país. Los gobiernos latinoamericanos no le otorgan la debida importancia a la posibilidad de que las mujeres tengan el control de sus cuerpos, pese al claro vínculo que se ha demostrado que existe entre desarrollo y libertad personal.* Y aunque la disputa por el aborto permea cada vez más la política, agencias internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo —las cuales llegaron a condicionar sus préstamos a los gobiernos latinoamericanos a que estos introdujeran la “perspectiva de género” en sus programas sociales— han guardado un silencio cómplice con el que se encubren las tragedias que ocasiona la penalización del aborto. Sólo algunas instancias de cooperación internacional tienen claro el dramático panorama de la maternidad precoz y del aborto inseguro, y siguen comprometidas con el financiamiento a los grupos que sostienen las batallas contra el fundamentalismo católico.

En América Latina las estrategias feministas para la despenalización del aborto han cambiado de país a país, pues las búsquedas de eficacia política están acotadas y estimuladas por las circunstancias concretas de cada contexto. Sin embargo, lo más impactante del panorama latinoamericano es que, incluso en sociedades menos comprometidas con la iglesia católica, los gobiernos democráticos y de izquierda adoptan la política del avestruz.

Tal es el caso de Uruguay, sociedad laica si las hay en América Latina. La relación que hace Mariana Carbajal del proceso uruguayo es impactante, pues muestra la acción de los grupos provida, que hasta ahora habían tenido un perfil muy bajo en Uruguay, y también exhibe la actuación de los principales líderes políticos, incluyendo al presidente socialista Tabaré Vázquez, quien sostiene que mientras él sea presidente no habrá una ley para la despenalización del aborto.

Ana Cristina Vélez habla desde Colombia, país donde el aborto estaba totalmente prohibido, y donde una abogada feminista acaba de lograr con un litigio estratégico, planteando un recurso de constitucionalidad, que las mujeres puedan abortar si el embarazo amenaza su vida o su salud, en casos de violación, y/o cuando se presenten malformaciones del feto. Por su concordato con el Vaticano, Colombia prohibía el aborto en todos los casos.

La reforma constitucional de 1992 eliminó el concordato y sentó las bases para plantear una reforma. En Chile, en cambio, no se ha podido avanzar desde que, en 1989, durante las últimas semanas de la dictadura militar de Pinochet, fue eliminada la excepción del aborto terapéutico. Desde 1931, el aborto terapéutico había estado permitido por el Código de Salud. En 1989, una absurda iniciativa del archicatólico almirante José Toribio Merino planteó que “a la luz de los avances de la medicina hoy en día, el aborto terapéutico no está justificado bajo ninguna circunstancia”. En Chile, la relación de las feministas con la iglesia católica ha sido compleja, pues durante la dictadura de Pinochet aquella jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos y la protección a los perseguidos políticos. Por ello, las feministas se han sentido maniatadas y no pueden enfrentarse abiertamente a la jerarquía eclesiástica, pese a que Chile es de los escasos países donde se encarcela a las mujeres que abortan.

Las instancias multilaterales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han permitido echar a andar mecanismos a los que también han recurrido las feministas.

En México, el caso de Paulina, la adolescente que quedó embarazada después de una violación y a quien se le negó el aborto legal a que tenía derecho, tuvo, después de seis años, un buen desenlace a pesar de la negativa de las autoridades de Baja California a cumplir con la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado, o con la emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Paulina, acompañada por representantes de organizaciones feministas, emprendió una batalla legal para que el estado reparara el daño ocasionado y aquellas presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, con miras a llevarlo a la Corte Interamericana de Justicia.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores medió y logró un acuerdo de solución amistosa. El gobierno bajacaliforniano aceptó que había obstaculizado el derecho de la adolescente al aborto legal por violación, hizo un reconocimiento público de su responsabilidad que fue publicado en diarios de circulación local, y aceptó aportar una reparación del daño en la que, a pedido de Paulina, se incluyeron cambios relativos a políticas públicas y leyes para que nunca otra mujer tuviera que pasar por lo que ella pasó.

El desenlace del caso Paulina sienta un precedente muy alentador para toda la región, pues exhibe la forma en que se vulnera la libertad personal de una mujer cuando se interfiere con su derecho a decidir y se le niega la opción de interrumpir un embarazo.

Hoy en día, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos cobra cada vez más importancia para el desarrollo de la región. Cuando no se satisface esta reivindicación, se nutre el desencanto de millones de latinoamericanas frente al proceso democrático en sus países. Tal proceso está sumido en una paradoja: los gobiernos latinoamericanos no ven el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos como un elemento clave para el desarrollo integral; ni siquiera lo toman en cuenta cuando se trata de acabar con la “estructura de desventaja” que implica la maternidad vivida no sólo como coerción a la autonomía personal sino también como restricción educativa y laboral. Pero más allá de cualquier discurso “políticamente correcto”, lo que es urgente para la mayoría de las latinoamericanas es la apertura de servicios seguros de aborto, y esto resulta muy complicado sin un marco legal que las proteja tanto a ellas como a los prestadores del servicio.

En resumen, esta amplia sección quiere cubrir las argumentaciones esgrimidas a favor y en contra del derecho a decidir sobre un aborto —incluyendo una necesaria mirada al tema de la vida fetal, por Frances Kissling—, pero también las “limitaciones, oportunidades y desafíos”, así como los éxitos obtenidos en este campo dentro de algunos países de nuestra región.

En cuanto a los textos que completan el segundo volumen de 2006, tenemos dos muy disímiles sobre Chile. El primero, de Rodrigo Parrini, cuestiona la cabalidad de la transición chilena a la democracia. Elizabeth Guerrero, por su parte, presenta un informe sobre la incorporación de un sistema de equidad de género a todos los organismos públicos de Chile.

Elena Garro fue y sigue siendo una mujer y una escritora polémica. Lucía Melgar propone volver a la lectura de su obra y dejar los dimes y diretes a un lado. Además, una foto postal de Garro, obra de Lucero González, acompaña este número de DEBATE.

No queríamos dejar pasar el 150 aniversario del nacimiento de Sigmund Freud, aunque sea breve pero sustanciosamente, en palabras de Beatriz Sánchez Guadarrama.

Claire Joysmith nos presenta testimonios sobre la herida abierta el 11 de septiembre de 2001 entre las personas latinas de Estados Unidos.

Desde Buenos Aires recibimos la crónica del espectáculo que Liliana Felipe presentó en esa ciudad a 30 años del golpe de estado en Argentina.

En “lecturas”, Hortensia Moreno escribe acerca de Sobre cultura femenina de Rosario Castellanos, su tesis de filosofía de 1950, que contiene el germen de su postura más tardía ante la situación de las mujeres creadoras.

Y para cerrar, “argüende” incluye “Noches árabes al pastor” de Jesusa y “Chivo expiatorio” de Liliana.

ML

* Liliana De Riz, Perspectiva de género: un tema crucial para el desarrollo humano, presentación en el Seminario El uso de información con perspectiva de género para el apoyo a la gestión de las áreas mujer provinciales. PNUD, Buenos Aires, 8 y 9 de mayo de 2003.

Comité Editorial

Marta Acevedo
Enid Álvarez
Marisa Belausteguigoitia
Gabriela Cano
Dora Cardaci
Mary Goldsmith
Nattie Golubov
Lucero González
Sandra Lorenzano
María Consuelo Mejía
Araceli Mingo
Hortensia Moreno
Mabel Piccini
María Teresa Priego
Raquel Serur
Estela Suárez